Las grandes reformas de un país no nacen de un porcentaje. Nacen cuando una sociedad se atreve a cuestionar la arquitectura de su Estado. La propuesta del «50 y 50» impulsada por Rodrigo Paz Pereira, ha logrado precisamente eso, reabrir una discusión que Bolivia postergó durante décadas. Sin embargo, reducir el debate al reparto de los recursos, sería quedarse observando la superficie de un problema, cuya raíz es mucho más profunda.
Durante casi dos siglos, Bolivia ha construido un modelo convergente basado en decisiones económicas, políticas y administrativas que confluyen en un solo centro de poder. No es casual que las regiones reclamen recursos; en realidad, reclaman capacidad para decidir su propio destino. El dinero es apenas la manifestación visible de una concentración institucional mucho mayor.
La descentralización ha representado avances importantes. Acercó recursos a municipios y gobernaciones, fortaleció la planificación territorial y permitió una mayor participación ciudadana. Pero también evidenció sus límites. Las entidades territoriales continúan dependiendo, en gran medida, de decisiones adoptadas desde el nivel central. Se descentralizó parte de la administración, pero el poder estratégico permaneció prácticamente intacto.
En este contexto, el «50 y 50» aparece como una propuesta políticamente atractiva y técnicamente viable para iniciar la discusión de un nuevo pacto fiscal. No obstante, cabe preguntarse, si una redistribución porcentual será suficiente para transformar un modelo institucional que concentra la toma de decisiones. La experiencia internacional demuestra que el desarrollo sostenible no depende únicamente de cuánto dinero reciben las regiones, sino de la capacidad que tienen para generar riqueza, recaudar ingresos, diseñar políticas públicas y asumir responsabilidades frente a sus ciudadanos.
La verdadera viabilidad del «50 y 50» dependerá de algo mucho más complejo que modificar una fórmula presupuestaria. Requerirá redefinir competencias, fortalecer la gestión pública subnacional, establecer mecanismos de corresponsabilidad fiscal y construir instituciones meritocráticas capaces de evitar que la descentralización se convierta simplemente en una transferencia de recursos sin capacidad efectiva de decisión.
Es aquí donde emerge un debate que Bolivia ha evitado abordar con suficiente profundidad: El federalismo. No como una consigna política, ni como una respuesta automática a todos los problemas, sino como un modelo institucional que distribuye constitucionalmente el poder y genera incentivos para una mayor eficiencia gubernamental. Sin embargo, el federalismo tampoco constituye una solución por sí mismo. Sin disciplina fiscal, capacidades administrativas y mecanismos de solidaridad entre territorios, podría reproducir desigualdades o trasladar ineficiencias del nivel nacional al regional.
La cuestión central, por tanto, no consiste en elegir entre centralismo o federalismo como si fueran opciones excluyentes. El desafío es construir un Estado que acerque las decisiones a quienes conocen la realidad de cada territorio, sin sacrificar la cohesión nacional ni la equidad entre regiones. Esa transición exige gradualidad, acuerdos políticos y un rediseño institucional que vaya mucho más allá de la mera redistribución de ingresos.
El país enfrenta hoy una restricción fiscal que obliga a revisar el modelo de desarrollo y la forma en que se asignan los recursos públicos. En ese escenario, el «50 y 50» puede convertirse en el catalizador de una discusión histórica. Pero su éxito no dependerá del porcentaje acordado, sino de la capacidad de Bolivia para abandonar una cultura política basada en la concentración del poder y sustituirla por un sistema donde la responsabilidad, la autonomía y la rendición de cuentas se distribuyan de manera efectiva.
La pregunta ya no es cuánto dinero debe quedarse en las regiones. La verdadera pregunta, es si Bolivia está preparada para confiar en ellas. Porque los países no alcanzan mayores niveles de desarrollo cuando simplemente redistribuyen recursos; progresan cuando distribuyen responsabilidades, fortalecen sus instituciones y permiten que el poder deje de ser un privilegio concentrado para convertirse en una herramienta al servicio del desarrollo nacional.
Bolivia necesita un acuerdo nacional que trascienda las diferencias partidarias y recupere la confianza en las instituciones. Un Pacto Nacional del 50 y 50 puede constituir el punto de partida de ese proceso, siempre que esté orientado a redistribuir no solo los recursos, sino también las competencias, las responsabilidades y la capacidad de generar desarrollo. En tiempos de estanflación, la recuperación económica no dependerá únicamente de políticas fiscales o monetarias; dependerá, sobre todo, de la capacidad del país para construir un nuevo equilibrio entre el Estado, las regiones y la sociedad, donde el crecimiento sea el resultado de una gobernanza compartida, eficiente y orientada al bienestar de todos los bolivianos.
Autor: Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía.
Posdoctor en Formación de Investigadores.
Director Regional Cbba. Contacto Económico
