Exportaciones de productos de soya en riesgo por falta de certificados

  • El Gobierno debe acelerar la emisión de Certificados de Abastecimiento Interno que habilitan las exportaciones de productos derivados de soya.
  • En esta coyuntura de reactivación, las exportaciones son vitales para la economía boliviana.
  • Afectar a la agroindustria oleaginosa pone en riesgo a las exportaciones, el transporte, el campo, los proveedores de insumos, la banca; los empleos y a la economía boliviana.
  • La agroindustria está comprometida con Bolivia, por eso el mercado interno está abastecido, con lo cual se garantiza el alimento de los bolivianos.
  • La agroindustria oleaginosa es parte de la solución para reactivar la economía, por eso recalca que debe ser tomada en cuenta de forma integral en las negociaciones de la cadena productiva de la soya.

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia – CANIOB y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz – CADEX, en forma conjunta manifestaron su preocupación debido a que las exportaciones de productos de soya están en riesgo, porque hasta el momento no se emiten los Certificados de Abastecimiento Interno. Estos habilitan que la producción de la agroindustria oleaginosa boliviana llegue los mercados internacionales generando divisas para Bolivia.

Con la debida anticipación se han realizado las solicitudes en forma reiterada al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para la emisión de dichos Certificados, pero no se ha tenido éxito, por lo que las industrias se verán obligadas a paralizar sus exportaciones, afectando así sus operaciones.

Llegar a los mercados externos con los productos derivados de la soya es vital para que las industrias sigan garantizando el empleo y generando el efecto multiplicador en los servicios de transporte que llevan la carga al exterior, en los productores, en los servicios agrícolas, en los servicios financieros y en los sectores agropecuarios.

Por eso, ambas instituciones esperan que se acelere la emisión de los Certificados de Abastecimiento Interno para viabilizar las exportaciones, que son importantes para reactivar la economía del país.

Igualmente, dejaron claramente establecido que el mercado interno está completamente abastecido, como ha sido siempre, a pesar de que el precio de venta de la harina solvente de soya que fijó el Gobierno, está muy por debajo del precio de oportunidad de exportación, lo cual perjudica económicamente a las industrias y crea un mercado negro de reventa y contrabando de harina solvente de soya.

Además, estos precios impuestos a la industria para la venta en el mercado interno, genera una subvención a algunos sectores privados, medida que distorsiona a toda la cadena productiva oleaginosa.

Explicaron que la agroindustria oleaginosa tiene regulado el precio de la harina solvente de soya y cupos establecidos para el abastecimiento, mientras que el sector avícola y porcicultor, que son beneficiados con la subvención, negocian libremente sus precios en el mercado interno.

La agroindustria necesita tener igualdad de condiciones para negociar precios y así mantener el equilibrio necesario en toda la cadena productiva. En el último periodo de tiempo la realidad de los industriales del sector no ha sido contemplada por las autoridades y algunos sectores productivos, y se han tomado decisiones que han afectado negativamente a las empresas procesadoras de soya y a toda la cadena. Si se debilita un eslabón de la cadena, no solo se rompe el eslabón, sino toda la cadena. Esta situación debe cambiar, destacaron ambas instituciones.

Argumentaron que la agroindustria es parte importante de la solución para reactivar la economía del país, por lo tanto, pide ser tomada en cuenta de forma integral en todas negociaciones que se definan en la cadena productiva de la soya.

Al finalizar enfatizaron que, si no se corrigen las desigualdades producidas por el sistema regulatorio vigente, al corto plazo, la agroindustria oleaginosa no podrá aguantar financieramente la situación. Esto afectará al sector agrícola en la compraventa de granos, a los comercializadores de insumos para la provisión de productos en la siembra y cosecha, a los transportistas por la reducción de sus cargas nacionales e internacionales, al Estado Nacional por la pérdida de divisas por exportaciones y al sistema financiero que deberá soportar el endeudamiento de todos los sectores de la cadena productiva oleaginosa. Esto pone en riesgo más de 150 mil empleos, una inversión de 1,500 millones de dólares, exportaciones cercanas a 1,000 millones de dólares.