Autor: Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia
Doctor en Economía. Posdoctor en Formación de Investigadores
Director Regional Cbba. Contacto Económico
Bolivia vive una paradoja dolorosa: Posee oro, minerales y recursos naturales, pero enfrenta escasez de dólares, inflación, contracción productiva y creciente desconfianza. Mientras las familias reducen su consumo y el salario pierde poder adquisitivo, parte de la riqueza nacional circula por rutas poco transparentes, empresas de corta trayectoria e intermediarios difíciles de identificar.
La estanflación no es una teoría lejana. Es la combinación de precios que suben, producción que cae y oportunidades que desaparecen. En ese contexto, el oro adquiere un valor estratégico: Es reserva, liquidez y medio de transferencia internacional. Pero cuando no existe trazabilidad completa, también puede convertirse en vehículo de fuga de capitales, evasión, lavado y pérdida de regalías.
El problema no termina en quien transporta la mercancía. La figura visible puede ser apenas el último eslabón. Detrás pueden existir financiadores, exportadores, funcionarios, operadores políticos, compradores externos y beneficiarios finales que nunca aparecen públicamente. Así funciona la opacidad moderna: Como un algoritmo. Extraer, acopiar, documentar, trasladar, exportar, cobrar y dispersar. Cada participante ejecuta una parte, pero la responsabilidad total se fragmenta. El oro tiene peso y destino; el propietario real, en cambio, parece evaporarse.
Las causas más graves son conocidas: Corrupción, controles débiles, empresas creadas solo para operar por corto tiempo, falta de información clara y escasa coordinación entre instituciones. Mientras estas fallas continúen, los transportistas seguirán siendo los más visibles, pero quienes controlan el dinero y toman las decisiones permanecerán ocultos.
No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de investigar con profundidad. La justicia no debe detenerse en quien carga una maleta; debe seguir la ruta del dinero hasta quien financió, autorizó y recibió el beneficio.
Bolivia necesita una plataforma única de trazabilidad del oro, un registro público de beneficiarios finales, coordinación entre Aduana, SENARECOM, bancos, impuestos y justicia, además de auditorías independientes y control social permanente. Se necesita proteger al productor legal, sancionar al operador ilícito y separar la actividad económica legítima de las redes de corrupción.
El oro debería financiar desarrollo, educación, salud, inversión y reservas. No debería enriquecer a propietarios invisibles mientras la pobreza permanece visible.
La verdadera soberanía comienza cuando el país puede responder cuatro preguntas: De dónde salió el oro, quién lo compró, quién autorizó su exportación y quién recibió finalmente el dinero. Cuando esas respuestas no existen, no solamente desaparece la riqueza, también se desvanece la confianza.
