Todos los sectores económicos del país se encuentran en una situación complicada debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el transporte pesado no es la excepción. Por cada 10 camiones destinados a este servicio, solo tres se encuentran trabajando para completar algunos compromisos anuales con empresas de importación como la industria alimenticia, farmacéutica y equipos médicos.
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, Marcelo Cruz, la reducción de aproximadamente el 70% del trabajo, en el escenario actual en el que se encuentra el país, significa un duro golpe al sector al que pertenece. Tal vez, lo más perjudicial es la reducción considerable de requerimiento de estos servicios por parte de la construcción, quienes trabajaban de la mano con el transporte debido a la necesidad de bobinas de acero, perfiles de aluminio y todo lo que se necesite trasladarse de un lado a otro.
“Vemos la situación muy complicada para nuestro sector debido a que más del 80% de los dueños de camiones tienen préstamos en distintas entidades financieras que se deben cumplir y con intereses que van desde el 11% hasta el 22%”, manifestó Cruz.
En este sentido, explicó, como directorio se encuentran en la iniciativa de lograr un acercamiento a diferentes carteras de Estado para poder ver la forma paliativa a la situación actual, una vez concluya la cuarentena.
Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz
Contradicciones
Cruz señaló que el comunicado realizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) genera molestias a su sector debido a que violenta la ley 1294 promulgada por el Estado, respecto a la postergación de las cuotas por seis meses una vez finalice la cuarentena por emergencia sanitaria.
“Nuestro pronunciamiento fue a raíz de que muchos de los prestamistas fueron notificados por distintas entidades bancarias para pasar a regularizar las cuotas que no fueron canceladas de los meses de marzo, abril y mayo, en junio. Estamos alarmados por esta situación y es por ende que nos reunimos, vía internet, con las Cámaras de Transporte de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba, en donde determinamos que dicho comunicado va en contra de la ley promulgada por el Estado boliviano”, manifestó el representante del transporte pesado en Santa Cruz.
Soluciones
Una de las propuestas presentadas por el transporte pesado al Gobierno nacional es la condonación de intereses de las cuotas que se van a pagar en los meses próximos, debido a que no existe generación de trabajos y por ende, utilidades. “Por eso aceptamos en su momento la prórroga de los pagos de las cuotas propuestas por las entidades financieras en los seis meses posteriores”, indicó Cruz.
Agregó también que se está solicitando reuniones con los representantes de los Ministerios de Finanzas, Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte, para que tengan conocimiento de la realidad que el sector transporte está viviendo. “Vamos a seguir agotando todos los recursos necesarios para que las autoridades de Estado puedan re direccionar la situación de administración de la ASFI”, agregó.
Proyección
Mediante la presidente Jeanine Añez, se dio a conocer un plan de generación de empleo con más de 60.000 fuentes de trabajo directas que será inyectado al sector de la construcción. Para este sector la medida es acertada ya que se trabaja de la mano con el sector de la construcción debido a su necesidad de insumos y de alguna manera se generará movimiento económico para ambos.
El sector del transporte pesado demanda capital para trabajar debido a los fletes que manejan. En este sentido, señalan que forman parte del desarrollo productivo en todas sus etapas, desde el traslado de semillas al campo, de la cosecha a los silos de almacenamiento, de las industrias, del mercado nacional y el de exportación.
“Somos parte de la cadena productiva pero lamentablemente no somos catalogados como servicios o como un sector comercial, por ende, las tasas de interés son muy elevadas, convirtiéndose en un compromiso imposible de cubrir. Es necesario que el Estado, a través del Gobierno Nacional, pueda incluir a este sector como parte de la cadena productiva para ser considerados en el sistema financiero”, manifestó Cruz.
Otra de las medidas sugeridas por este sector es la garantía de seguridad jurídica para poder trabajar. De acuerdo con Cruz, existe un vacío que “lamentable que no lo supo subsanar el gobierno anterior ni el actual” ya que dicho sector todavía depende del Viceministerio de Transporte y de otros como el de Obras Públicas, de Economía, por la situación impositiva y aduanera; asimismo de Defensa por la lucha contra el contrabando y la regulación a las empresas navieras que operan en el país y la Cancillería por la documentación de las operaciones con otros países.
“Existen muchas manos que están por encima del transporte pesado, pero ninguna de estas carteras tiene la voluntad para poder colaborar en el escenario que estamos viviendo”, puntualizó el representante del Transporte Pesado en Santa Cruz.
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