Luego de medio año de trabajo, instituciones económicas y colegiadas del departamento, presentaron a finales de septiembre un proyecto de ley, más específicamente una iniciativa legislativa ciudadana, enfocada en mejorar la situación de la emisión de permisos de construcción y licencias de funcionamiento en el municipio.
Posterior a ello, el documento fue tratado en el Legislativo Municipal y se derivó al Ejecutivo, en donde se encuentra desde antes del Paro Cívico que se realizó en Santa Cruz por 36 días; actualmente las instituciones están a la espera de que empiece a ser tratado en la agenda pública como una “necesidad de mejora posible”.
Con el objetivo de coadyuvar a la reactivación de empresas de diferente dimensión, negocios familiares y las actividades económicas formales en general, instituciones cruceñas entregaron al Presidente del Concejo Municipal, Israel Alcocer, un Proyecto de Ley para modernizar y simplificar los trámites para obtener Licencias de Funcionamiento y Permisos de Construcción.
El proyecto de ley presentado a consideración del legislativo gira en torno a tres ejes: la digitalización de procesos, la terciarización de servicios y la implementación de ventanilla única.
El marco normativo propuesto es resultado de un trabajo técnico interinstitucional, el intercambio de experiencias y necesidades de cada uno de los diferentes sectores, lo que garantiza su factibilidad como herramienta para dar un salto cualitativo en la modernización de estos trámites y para impulsar la reactivación económica. La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía; la Cámara de la Construcción de Santa Cruz; el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz; la Sociedad de Ingenieros de Bolivia – Departamental Santa Cruz; la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones; la Cámara Hotelera de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente; la Cámara Gastronómica y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, apoyaron la elaboración del Proyecto de Ley que también contribuirá a una mayor formalización de las actividades económicas.
El documento con el proyecto de ley y su reglamentación fueron entregados al Presidente del Concejo Municipal por la Presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Carolina Gutiérrez Brehmer, y por la Presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía, Cintia Lizarazu Torrico.
“Este proyecto de ley tiene una notable importancia para que el sector informal migre a la formalidad, lo que incluso beneficia al gobierno municipal, ya que sus ingresos aumentarían por el aumento de licencias emitidas gracias a las facilidades del procedimiento”, manifestó Lizarazu.
Por otra parte, Gutiérrez señaló que el proceso actual para obtener el permiso de construcción demora excesivamente el inicio de obras con los perjuicios consiguientes para el sector constructor, que genera miles de fuentes de empleo y es uno de los principales dinamizadores de la economía. “Digitalizar el trámite será importante para acelerar la reactivación económica de la región, y un gran aporte para todos los que quieren hacer empresa y construir el futuro de Santa Cruz», destacó.
Impacto del proyecto
Según el Observatorio Urbano, 7 de cada 10 construcciones en la ciudad son informales y, según organismos internacionales, la economía informal llega hasta un 85%. Esta realidad ocasiona que jóvenes y obreros estén en condiciones de precariedad laboral y los pequeños emprendedores encuentren limitadas sus oportunidades de crecimiento debido a que difícilmente pueden acceder a un crédito del sistema financiero y otras oportunidades.
Según un estudio del centro de estudios POPULI, obtener una licencia de funcionamiento para un microemprendimiento cuesta aproximadamente 4 salarios mínimos, es decir que este grupo de usuarios que representan más del 80% de la base empresarial, deben peregrinar por 4 meses (82 días hábiles) para completar todo el proceso de obtención de su permiso municipal. A ese tiempo se deben sumar los aranceles y los costes de transporte respectivos.
Datos de interés
Según datos del INE, más de 126.000 familias dependen directamente de la construcción, sin embargo, 9 de 10 de todas esas familias son trabajadores de la construcción informales y, por si fuera poco, 7 de cada 10 construcciones están en la informalidad.
Según el Observatorio Urbano, en comparación al año 2018, en 2021 la cantidad de metros cuadrados construidos se redujo a casi la mitad.
Según POPULI, la informalidad en la construcción dificulta el acceso a la vivienda, limita el acceso a créditos y condena a los trabajadores a precariedad laboral e inseguridad jurídica.
CE
