PNUD y AECID presentan propuestas de políticas públicas que impulsan la cohesión social

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La crisis social y económica vinculada a la pandemia de Covid-19 incrementa la necesidad de implementar políticas públicas integrales que fomenten la cohesión social, señalan los expertos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, presentó el borrador del estudio resultado de la primera fase del proyecto “Construcción de un combo teórico de Cohesión Social en América Latina y el Caribe”. Dicho proyecto, formulado en conjunto por PNUD y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2018, constituye un esfuerzo por promover la implementación de políticas integrales que contribuyan a fomentar la cohesión social y el desarrollo sostenible en los países de la región, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta 2030.  Los ODS, marcan la ruta de la Agenda 2030, el plan global adoptado por 195 Estados Miembros de las Naciones Unidas para lograr un mundo sin pobreza, en el que se proteja el medio ambiente y donde todas las personas gocen de paz y una vida próspera.

El encuentro, que originalmente debía ser presencial, se llevó a cabo el 14 de julio pasado, en una reunión virtual que congregó a más de 50 expertos en cohesión social; organismos internacionales de desarrollo y representantes de gobierno de la región. El objetivo fue presentar los avances del proyecto, dar a conocer el borrador del estudio y obtener la retroalimentación necesaria para mejorar el documento. El encuentro, además, permitió reforzar el intercambio y la colaboración internacional para enfrentar los desafíos en relación al desarrollo sostenible en la región.

El documento presentado constituye un aporte a la definición y medición de la Cohesión Social en América Latina y el Caribe. Haciendo uso de una teoría de cambio basada en evidencia. El trabajo, realizado por PNUD en colaboración con AECID, parte del análisis de cinco casos de estudio de distintos países (Bolivia, Chile, Honduras, República Dominicana y México) para luego formular propuestas para la intervención en cada contexto, a fin de incidir en las diferentes problemáticas de la Cohesión Social a través de políticas públicas.

Si bien se trata de un concepto complejo, multidimensional y abstracto; los expertos señalaron que la cohesión social abarca tres pilares fundamentales: la inclusión social, la gobernanza democrática y el sentido de pertenencia. Asimismo, expusieron una propuesta para su medición en cada país a partir de un amplio número de indicadores correspondientes a estas tres áreas. Dentro de inclusión social, detectaron la tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 a 19 años de edad), el porcentaje dela población con ingreso per cápita mayor a la línea de pobreza internacional, la igualdad de ingresos, y la proporción de empleo formal en relación al empleo total.

En el ámbito de la gobernanza, se señaló la transparencia y previsibilidad de las leyes, la administración pública rigurosa e imparcial, la participación de legisladores en actividades de corrupción, y el acceso igualitario, seguro y efectivo para las mujeres al sistema de justicia.

Finalmente, dentro del pilar de pertenencia, se destacó la igualdad en la distribución de calidad educativa básica; la distribución del poder político según preferencia sexual; y el porcentaje de la población satisfecha con la democracia.

El análisis de los indicadores anteriores permite identificar los principales factores o aceleradores sobre los que habría que incidir para mejorar el estado relativo de cohesión social en cada país.

En el caso de Bolivia, los resultados del documento presentado señalan que el país atraviesa una etapa de urbanización acelerada al mismo tiempo que cuenta con un bono demográfico. Esto significa que existe un mayor porcentaje de población en edad de trabajar (15 a 64 años), que población dependiente.

Las tres zonas urbanas consideradas del eje central de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) concentran cerca de la mitad de la población nacional, en contextos de precariedad laboral y persistencia de la pobreza (dos de cada diez hogares urbanos son pobres, de acuerdo al estudio). Estos problemas afectan particularmente a las mujeres y a los jóvenes, que experimentan grandes dificultades para lograr una inserción laboral dignamente remunerada. La combinación de estos factores y la persistencia de las desigualdades, imponen retos considerables. Es por ello que las áreas de intervención identificadas para el caso de Bolivia contemplan acciones para: reducir los niveles de informalidad laboral; fortalecer la administración pública para asegurar una mayor eficacia de las políticas públicas que respondan a las demandas sociales (derechos sociales y económicos) de la población; mejorar la educación del nivel básico tanto en cobertura como en calidad; y lograr una mayor equidad de género en todos los ámbitos del desarrollo humano.

Conclusiones

Los expertos y organismos participantes enfatizaron la importancia de llevar la discusión sobre cohesión social a la agenda pública regional, con el objetivo de incorporar un enfoque de desarrollo humano sostenible en las políticas públicas. Esta necesidad se ve amplificada ante el escenario que atraviesan muchos países de América Latina y el Caribe, caracterizado por la persistencia de la desigualdad y exclusión social, la desaceleración económica, la informalidad, la falta de protección social, el debilitamiento del sector público y la vulnerabilidad ante el cambio climático, todo ello exacerbado por la pandemia de Covid-19.

La totalidad de  los especialistas coincidieron en señalar el impacto negativo de la pandemia de coronavirus en la economía regional, y sus consecuentes repercusiones en las políticas sociales y de cohesión social. En ese sentido, afirman que se trata de un momento clave para impulsar la cooperación internacional de cara a un mundo post-Covid.