Ha llegado a nuestra redacción el ensayo “La corrupción en Bolivia. Un sistema que no previene, no controla y no detecta” de Jorge Dulon Fernández. El mismo será publicado próximamente en la ciudad de La Paz. A continuación ofrecemos una síntesis para nuestros lectores.

La ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de Lucha contra la Corrupción y enriquecimiento ilícito fue promulgada con el fin de promover una lucha abierta y frontal contra este flagelo. Sin embargo, una errónea interpretación del carácter de ésta como “sancionatorio” dejó a un lado el correcto desarrollo de las herramientas preventivas y de control. Actualmente no existe una norma nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y tampoco se ha desarrollado el reglamento de la Ley de Participación y Control Social.

Estos antecedentes, sumados al aumento del tamaño del Estado, y la todavía imposible tarea de reforma al sistema judicial, hacen que los casos de corrupción, lejos de disminuir, hayan aumentado en Bolivia y más en su relación con el ámbito privado. El tratamiento de la corrupción debe realizarse desde distintos ámbitos y no solamente tomando en cuenta el aspecto sancionador.

Un informe de Transparencia Internacional evidencia que “los funcionarios públicos de Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia, Pakistán, México, Indonesia, India, Venezuela y Vietnam estarían entre los más sensibles a aceptar sobornos de las empresas privadas.” Dicho informe afirma, además, que “no hay corrupción sin iniciativa privada”.

El sistema de la corrupción

La corrupción no es un fenómeno marginal del sistema público boliviano. A lo largo de estos diez años, se han consolidado prácticas irregulares, que son parte de un modelo único, donde la corrupción deja de ser un elemento aislado para convertirse en un sistema compacto, basado en prácticas recurrentes y estructuras de poder bien definidas que obvian los mecanismos de prevención, control y sanción existentes.

Un primer elemento que se ha ido consolidando e institucionalizando como práctica irregular corrupta, tiene que ver con lograr controlar, desde el Órgano (Poder) Ejecutivo a los demás Órganos (Poderes) del Estado. Esta posibilidad de cooptación que toma en cuenta el “nuevo” poder electoral, garantiza la continuidad de un poder hegemónico, autoritario y prorroguista caracterizado por romper con la institucionalidad positiva del Estado y con el concepto moderno de democracia.

Un segundo elemento, responde a la acumulación y el control del destino de los recursos del Estado en pocas manos. “Sin control” desde el propio Estado, los actores corruptos, podrán financiar sus acciones y condicionar su uso, favoreciendo generalmente intereses políticos o particulares vinculados a gremios o grupos de poder que favorecerán o serán cómplices de irregularidades cometidas.

En tercer lugar, se puede observar la existencia de relaciones familiares entre pequeños grupos que se encuentran dentro del Estado y grupos económicos privados empresariales, los cuales a través de “palos blancos” se presentan como empresas independientes en licitaciones y de esa manera se adjudican mega contratos que benefician a los mismos grupos corruptos pertenecientes al Estado y a los privados.

En cuarto lugar, se encuentra la compra de conciencias. El modo de operar se parece mucho a un cártel de drogas: Se identifican a los actores estratégicos que lideran a los nuevos grupos de poder, se les hace un ofrecimiento atractivo y casi imposible de rechazar, y una vez que “caen” en la trampa se los condiciona para que sigan siendo parte de nuevas prácticas corruptas.

Un quinto elemento que es útil para generar un tipo de “Gobernanza de la corrupción” tiene que ver con la creación de organizaciones sociales vía dirigentes corruptos que se encuentran en el círculo de la corrupción, que reciben dinero y que reciben el aval del Gobierno central para no controlar y por lo tanto para no molestar con denuncias.

Finalmente, no podrá haber una sanción ejemplificadora y correcta si es que las instituciones de un Estado de derecho no funcionan. La clave del éxito para un sistema corrupto es que la Justicia no funcione. Ahí se ven involucrados, jueces, fiscales, abogados, entidades de control, policía, entre otras.

También debemos mencionar a los medios de comunicación. En la medida que éstos sean “comprados”, las situaciones cuestionables de la justicia no podrán ser visibilizadas hacia la sociedad y por lo tanto la sociedad no podrá ejercer un adecuado control y menos las instancias del Estado podrán fiscalizar.

Prevención, control y sanción

Algunos de los principios que, mínimamente deberían tomarse en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas para reducir las prácticas corruptas son:

En primer lugar, focalizar el ataque al sistema de la corrupción más no solamente a las prácticas aisladas. Atacar al sistema implica trabajar en los mecanismos de la administración pública para reducir las oportunidades de la corrupción, realizando un adecuado diagnóstico del funcionamiento de los mecanismos de control existentes. Es necesario realizar una re ingeniería del sistema para crear o fortalecer, según corresponda, los controles.

En segundo lugar, entender que el cambio estructural pasa por la capacidad de generar un cambio en la cultura organizacional a nivel de la administración pública y a nivel de los usuarios de la administración. La prevención es la forma más efectiva de enfrentar la problemática de la corrupción; en este sentido es importante el fomento de valores a todo nivel  teniendo como herramientas de sensibilización la cultura, el arte y la estética.

En tercer lugar está la importancia de trabajar las políticas públicas de manera integral bajo el concepto en el cual controlar la corrupción debe engranar con mecanismos de sanción y de prevención. Advertir mediante mecanismos de prevención que cometer una irregularidad estará sujeto a un control previo y posterior. En esta integralidad, el actor involucrado no sólo es el Estado y sus instancias de control y sanción sino también es parte la sociedad.

En cuarto lugar, otro elemento en términos de concepto tiene que ver con el valor de la democracia y su estricta defensa. La práctica anticorrupción en todo nivel debe concebir la vigencia plena de las libertades y del imperio de la Ley. Esto permitirá que los actos de corrupción sean, verdaderamente denunciados y sus responsables sancionados.

En quinto lugar, se debe tomar en cuenta la presencia y el adecuado “funcionamiento” de los medios de comunicación. Permitir que analistas, opinólogos y sociedad en general puedan tener una real libertad de expresión. Para conseguir la independencia de los medios de comunicación y difusión, deben desarrollarse reglas claras de actuación relacionadas con la ética periodística y conseguir, además, predicar con el ejemplo desde el Estado y los medios dependientes de este.

Visión estratégica

Los cinco elementos señalados deben acompañarse de una visión estratégica de Lucha que al mismo tiempo considere tres aspectos centrales:

En primer lugar, debe existir la posibilidad de generar objetivos de largo plazo. En el concepto de políticas públicas, las políticas anticorrupción deben ser políticas de Estado. Los objetivos de largo plazo en este marco deben irse cumpliendo a través del logro de etapas de corto y mediano plazo.

En segundo lugar, debe considerarse la coexistencia de actores estratégicos a favor y en contra de la lucha contra la corrupción. Para esto se debe tener la capacidad de obtener varias miradas que puedan generar una visión objetiva de los actores existentes. Esta fase es decisiva e implica también identificar redes y núcleos de corrupción enraizados en el sistema.

En tercer lugar, se debe considerar tener programas específicos en:

Política preventiva

  • Programas de prevención disuasivos que tengan el fin de hacer percibir a los servidores públicos y a los ciudadanos la existencia de riesgos de la corrupción elevados.
  • Programas educativos dirigidos a internalizar en la conciencia ciudadana y de los servidores públicos valores éticos y concientizadores respecto a los perjuicios económicos, sociales y morales existentes a la hora de cometer hechos de corrupción.
  • Programas de prevención dentro del sistema organizacional público que consideren la reforma o re ingeniería respecto a la optimización de variables organizacionales y funcionales dentro de las entidades públicas para superar y cortar las estructuras que condicionan la comisión de hechos de corrupción.

Política correctiva

  • Programas de control concurrente, en el sentido de generar las condiciones necesarias para realizar el ejercicio de vigilancia participativa a la administración pública. Este control se realizará desde la propia función pública (servidores públicos controladores), como desde fuera, aplicando el concepto ideal y real de control social. Para que el control social sea efectivo, se debe contar con ciudadanía co-responsable y preparada para el efecto, tanto desde un punto de vista técnico, pero por sobre todo desde lo ético y lo moral.
  • Programas de control posterior, a cargo de la Contraloría General del Estado. El requisito fundamental para que este programa funcione tiene que ver con independencia e institucionalidad de esta instancia, que además deberá velar por la adecuada ejecución presupuestaria, por la mejora continua de la actividad gubernamental y por el cuidado permanente del patrimonio del Estado.
  • Programas punitivos, buscando lograr las condiciones óptimas para generar sanciones ejemplificadoras a los corruptos. Esto tiene que ver con la mejora del sistema judicial como tal, la capacidad de generar mecanismo efectivos de investigación, espacios de recepción y tratamiento de denuncias y eficiencia en la sanción de casos probados de corrupción.
Datos: Transparencia Internacional
Datos: Transparencia Internacional

El concepto de la corrupción y sus tipos

Es necesario construir un concepto de corrupción que se adecue a la realidad del país.  Hacerlo de manera participativa, involucrando a una diversidad considerable de actores: mujeres, campesinos, indígenas, servidores públicos, militares, policías, entre otros. El concepto colectivamente construido, no solamente debe abordar enfoques generales tales como los morales, delictivos, estatales, rentistas o sociales. Tampoco debe quedarse en el enfoque de la organización del Estado.

Debe considerarse un enfoque totalizador que adicione elementos tales como el carácter social de la corrupción, la acción ilícita vista desde dentro del sistema y no solamente desde fuera, reconocer los intereses existentes que pueden existir detrás de la comisión de hechos de corrupción, identificar y explicar los elementos de la vida social que son afectados por la corrupción, además de analizar la relación entre lo público y lo privado.

Una vez realizado el ejercicio de la conceptualización recién se procederá a establecer o definir los distintos “tipos” de corrupción. En Bolivia los tipos de hechos de corrupción se circunscriben únicamente a tipos penales lo cual coarta la posibilidad de entender el fenómeno de manera holística e integral.

Datos: Ipsos Public Affairs
Datos: Ipsos Public Affairs

Herramientas innovadoras

Existen varias herramientas de prevención, control y sanción de la corrupción que toman en cuenta la importancia de la corresponsabilidad entre la sociedad y el Estado a la hora de luchar contra la corrupción y una visión integradora en su uso. Algunas de ellas podrían aplicarse en nuestro país. Por ejemplo:

  1. Desarrollo y difusión de redes sociales para realizar denuncias de corrupción.
  2. Creación de una instancia de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Independiente.
  3. Consejo Ciudadano de Ética de Transparencia
  4. Normativa relacionada con la Transparencia y la información pública
  5. Instancia de Servicio Civil
  6. Redes Inter Institucionales
  7. Equipos de Tarea Anticorrupción
  8. Mapas de áreas de riesgo
  9. Observatorio de Transparencia

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