Nueva gestora pública del sistema de pensiones: Inquietudes y perspectivas

Encontrándonos próximos a atestiguar el traspaso de la administración del Sistema de Pensiones de las entidades privadas (Futuro de Bolivia y BBVA Previsión) a manos de una entidad pública; y en atención a las múltiples inquietudes que manifiestan los aportantes sobre este tema, Contacto Económico entrevistó al presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Walter Morales Carrasco, con el fín de conocer su apreciación sobre el cambio que está por producirse y la repercusión que tendrá sobre los futuros jubilados y la economía en general.

Antecedentes

Hasta fines de 1996, la seguridad social venía funcionando bajo un sistema de reparto, que consistía en que los asegurados activos financiaban a los pasivos. Quiere decir que, a mayor cantidad de activos, frente al menor porcentaje de pasivos, el sistema funcionaba de manera óptima. El problema se presentó con los cambios demográficos, cuando la población económica activa empezó a envejecer, modificando la base piramidal y reduciendosé la cantidad de trabajadores frente a una creciente masa de pasivos. Por otro lado, el manejo de los recursos obtenidos de los aportes fue mal administrado por el Estado, derivando inclusive en desfalcos que incidieron en una presión al déficit fiscal, por cuanto la recaudación no era suficiente para cubrir las necesidades de jubilación.

Esta insostenible situación, empujó al gobierno de entonces a emprender una reforma, pasando del sistema de reparto a otro más racional denominado “capitalización individual”, para lo cual se convocó a licitación pública internacional, adjudicándose las actuales administradoras de pensiones, Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, ambas ligadas a reconocidas multinacionales financieras, quienes empezaron a operar desde 1997.

Resultados y beneficios de la administración privada

Morales detalla una serie de avances que lograron las administradoras privadas, destacando el desarrollo del mercado financiero por la canalización del ahorro, emergente del significativo incremento del número de afiliados o la eficiencia de servicio; “ahora usted puede ir a la AFP o incluso por internet y obtener su estado de cuenta, saber cuánto tiene aportado y cuánto ha ganado de rentabilidad; antes eso no existía, era una caja negra”. Una de las virtudes del sistema, es que se logró armar una arquitectura regulatoria acertada generando las condiciones para un desempeño diligente de las administradoras.

Más de 17 mil millones de dólares (cerca de la mitad del PBI boliviano), alcanza la captación de los aportes, dinero que se distribuye en un 60% en el sistema financiero, 30% en títulos del Estado y el 10% restante en otros sectores de la economía, dado que las inversiones deben realizarse en mercados financieros autorizados, en la Bolsa Boliviana de Valores y normas ASFI, “lo cual es una virtud, porque no se invierte discrecionalmente y, como está regulado, se puede controlar la información de esas inversiones”, destacó nuestro entrevistado.

Rentabilidad en descenso

“Claramente nos encontramos viendo una decisión de política pública con ganadores y perdedores”, afirma el presidente de los economistas cruceños, al referirse a la política de bajas tasas llevada adelante: Los créditos de vivienda social o productivos que, si bien benefician al prestatario, dado que son las condiciones más laxas que se tenga memoria, o las colocaciones en subasta del Banco Central; pero por otro lado, se ha dado un golpe a la rentabilidad de los fondos de pensiones. “Eso es algo que no se dice, siendo necesario medir ambos lados de la moneda”. Entonces se debió facultar a las AFPs, a desarrollar otras opciones de inversión, como por ejemplo autorizar que puedan invertir de manera directa en el exterior. La otra opción debería ser desarrollar más profundamente el mercado de valores. Que el regulador autorice inteligentemente emisiones en el mercado financiero y en procesos más expeditos, como en otros países.

Por otro lado, las restricciones y prohibiciones perse, en algún momento pasan factura. Si se quería bajar las tasas de interés, se pudo incentivar la competencia e innovación en la banca desde hace mucho, o generar condiciones para el acceso de bancos extranjeros, los cuales inducirían a una baja de intereses, por dinámicas de oferta y demanda, pero con mayores opciones y productos de inversión.

Nace la gestora pública

El año 2010, el gobierno lanza una ley de contra reforma del sistema de pensiones que, aunque mantiene el sistema de capitalización individual, cambia de administradora. A partir de entonces estará a cargo de una gestora pública. Para justificar el cambio, el Gobierno se respalda en un artículo que se incorporó en la última Constitución Política del Estado que dice: “La seguridad social pública no puede ser privatizada, ni concesionada”, y le da la interpretación de que los fondos son públicos, cuando claramente no es así.

El inconveniente de este cambio de administración, según nuestro entrevistado, radica también en el conflicto de interés de que el Estado se regule a sí mismo.  Está demostrado que, independiente del sistema de gobierno, lo menos recomendable es que el Estado sea juez y parte, salvo que las instituciones públicas sean lo suficientemente independientes y sólidas.

El otro tema relevante es que construir desde cero una gestora de seguridad social de largo plazo, es complejo y difícil de conseguir en el corto plazo. Demanda inversión en sistemas, procedimientos y recursos humanos altamente especializados. Probablemente éste sea uno de los motivos por los cuales la gestora pública todavía no arranca, porque la nueva ley que establece el cambio de administración es del año 2010. De acuerdo al último decreto ampliatorio debería estar operando con todo en marzo del presente año, aunque aún existen dudas.

Observaciones y recomendaciones

Morales recuerda que, en 2008, Argentina hizo una modificación parecida pero más extrema, nacionalizó los Fondos de Pensiones y afectó el mercado de capitales; en lugar de destinar el ahorro hacia inversiones en empresas, bancos y mercados financieros, lo dirigieron hacia la utilización de recursos en gastos y proyectos públicos principalmente. De manera contraria, en Chile, el sistema con mayor data y que viene desde la época de Pinochet, se generó hace unos años un gran debate sobre cuestionamientos y mejoras, con la participación de expertos, académicos y sociedad civil, que ha decantado en un proceso de perfeccionamiento.

Walter Morales, recomienda que para que la gestora pública administre con eficiencia, se requiere aislarla del poder político y los grupos de interés, ya que los riesgos que se corren son muchos, incluyendo volver al pasado. Es necesario buscar alternativas de inversión. Otra opción razonable, es que paralelamente a la gestora pública, puedan operar privadas y que sea el propio trabajador quien elija al administrador de sus fondos. “Si los recursos no son del Estado y quiere demostrar la eficiencia de su modelo, lo ideal es entrar a competir y que los dueños de dichos fondos sean los que decidan”, finalizó el líder institucional.

Walter Morales Carrasco, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz